Programa: Consumo

Introducción

El artículo 51 de la Constitución española establece que los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos. Asimismo, obliga a los poderes públicos a promover la información y la educación de consumidores y usuarios, fomentando sus organizaciones y oyendo a estas en las cuestiones que puedan afectar a aquellos, en los términos que la ley establezca.

A pesar de que la Ley 13/2003 y el Real Decreto Legislativo 1/2007 amparan y protegen los derechos de las personas consumidoras y usuarias, todo este repertorio legislativo no evita que tengan innumerables conflictos y problemas con empresas de todo tipo.

En telefonía, sufrimos incumplimientos de ofertas comerciales, envíos de facturas después de que las personas usuarias hubieran solicitado la baja o amenazas con penalizaciones abusivas por anular contratos antes de finalizar los compromisos de permanencia, cobro de llamadas no realizadas o productos no contratados, así como el alta en servicios de mensajes no solicitados o publicitados de forma fraudulenta.

En el sector financiero, denuncias por comisiones cobradas irregularmente, aplicación de cláusulas abusivas en contratos de préstamos al consumo o hipotecarios, cláusulas suelo hipotecarias y las participaciones preferentes.

En el suministro eléctrico, numerosas quejas por la falta de lectura de los contadores durante largos periodos, aplicando posteriormente facturas desproporcionadas, visitas de comerciales de empresas comercializadoras de electricidad lanzando ofertas que finalmente no se cumplen, o con falsos descuentos que acaban hinchando el importe de los recibos.

Problemas con compañías aseguradoras, compra y reparación de electrodomésticos y equipos electrónicos, negativa a asumir las garantías legales y un largo etcétera que castiga a la ciudadanía y especialmente a aquella más lastrada por la situación económica, que encuentra en este calvario una agudización de su ya de por sí precaria calidad de vida.

Esta situación precisa de una acción contundente por parte de la Administración, sin embargo el gobierno central no desarrolla normativa suficiente que proteja a las personas consumidoras; la inspección y control del mercado, dependiente del gobierno andaluz, tampoco existe y, cuando en escasas ocasiones actúa, las sanciones son tan ridículas que a las empresas les merece la pena continuar engañando y abusando. Por estas carencias la actuación diligente de la Administración local es tan relevante.

Desde Ganar Cádiz planteamos dotar de una mayor presencia a las políticas de consumo, haciéndolas más visibles y tratar de paliar los déficits de otras Administraciones, cumpliéndose con las competencias que el artículo 9.15 de la Ley de Autonomía Local de Andalucía establece para los ayuntamientos en la ordenación, planificación y gestión de la defensa y protección de personas usuarias y consumidoras, que incluye:

1. La información y educación a las personas usuarias y consumidoras en materia de consumo, así como la orientación y el asesoramiento a estas sobre sus derechos y la forma más eficaz para ejercerlos.
2. La información y orientación a las empresas y profesionales en materia de consumo.
3. El análisis, tramitación, mediación o arbitraje, en su caso, de las quejas, reclamaciones y denuncias que presentan las personas consumidoras.
4. La constitución, gestión, organización y evaluación de las oficinas municipales de información a la persona consumidora de su ámbito territorial.
5. El fomento, divulgación y, en su caso, gestión, del sistema arbitral de consumo, en colaboración con la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Andalucía, en los términos previstos en la legislación vigente.
6. La inspección de consumo y el ejercicio de la potestad sancionadora respecto de las infracciones localizadas en su territorio en las condiciones, con el alcance máximo, y facultades establecidas en la normativa autonómica reguladora en materia de consumo.
7. La prevención de situaciones de riesgo de ámbito municipal de las personas consumidoras y la adopción de medidas administrativas preventivas definitivas, cuando estas situaciones se materialicen en el ámbito estrictamente local y se puedan afrontar en su totalidad dentro del término municipal, o provisionales cuando excedan del mismo.
8. La constitución, gestión, organización y evaluación de los puntos de contacto municipales integrados en la Red de Alerta de Andalucía de Productos de Consumo.

OTRO CÁDIZ ES POSIBLE Y NECESARIO. ¡GANEMOS CÁDIZ!